Un gobierno de espaldas a la sociedad

Othoniel Ramírez R.
En la recta final del sexenio, con toda certeza podemos concluir que el mandato de Eduardo Robinson Bours Castelo, se ha caracterizado por la confrontación constante con los intereses más delicados de la ciudadanía.

Por más que la publicidad oficial se encarga de difundir sus grandes logros e inversiones, nunca se ha considerado lo fundamental para una relación armónica con la sociedad: el respeto
a la ley y a la diversidad de opiniones.

Por más éxitos económicos que se autopromuevan, -sin que estos también no dejen de ser muy dudosos y cuestionables- lo que al final por encima de todo adquiere más valor, es sin duda: el desarrollo democrático impulsado, reflejado este invariablemente en el respeto a la dignidad ciudadana y los derechos civiles.

Por más que quieran ocultar tantos agravios acumulados, producto de la soberbia, ambición y falta de sensibilidad, allí están grabados en la memoria colectiva y nos corresponde a los propios ciudadanos mantenerla viva.

Está tan a la vista el abusivo ejercicio del poder que se ha practicado en esta administración, que hasta el propio responsable principal lo reconoce, al declarar recientemente en un evento de lucimiento nacional lo siguiente: “Urge reconstruir la confianza de la sociedad”.

Pero esta no es una expiación de culpas, que nos haga suponer un cambio de rumbo en tan desatinada conducción política, ya que lejos de enmienda, cotidianamente se siguen acumulando los pasivos. Y todo lo anterior, sin tocar para nada los nexos de este gobierno con la delincuencia organizada y los beneficios familiares que han sido documentados ampliamente, hasta por medios de comunicación nacionales.

Curiosamente, un gobernante que llegó con estrechísimo y dudoso margen al poder, de manera muy contradictoria, se está conduciendo autoritariamente como si hubiera ganado por unanimidad.

Enseguida un sintético recuento de daños, donde el denominador común ha sido la ofensiva injerencia y manipulación en la aplicación de la justicia:

1. Intentos de legitimación con el montaje de Consejos, Comisarios y Contralores Ciudadanos incondicionales.
2. Imposición de sus proyectos sin considerar propuestas, ni reparar en la compra de conciencias de regidores y diputados opositores necesarios.
3. Criminalización de la protesta ciudadana.
4. Uso del aparato de justicia para aterrorizar a la ciudadanía participativa.
5. Confrontación entre ciudadanos con grupos partidistas de choque.
6. Encarcelamiento de líderes sindicales y sociales, inventando cargos.
7. Crímenes ecológicos.
8. Apropiamiento y privatización de espacios públicos.
9. Abusivos despojos de propiedades a ejidatarios.
10. Constante uso de la violencia verbal, al enviar amenazas públicas a la sociedad y a destinatarios directos por medio de sus funcionarios.
11. Perversa intervención en la organización tradicional de la Tribu Yaqui.
12. Tergiversación de la ley en procesos en contra de instituciones de salud pública.
13. Simulación de atender el reclamo para la conformación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, convirtiéndola en otra instancia a su servicio.
14. Desacato a la ley, en resoluciones a favor de ciudadanos que les resultan incómodos, por hacer uso de sus derechos humanos y civiles.
15. Protección a delincuentes defraudadores del presupuesto al descubierto.
16. Control e imposición en el Poder Judicial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
17. Excesivo gasto en publicidad estática, televisión, radio, impresos y periodistas afines, para engañar a la sociedad, invirtiendo más en propaganda que en lo que se realiza.
18. Patrocinio en secreto a organizaciones civiles, con el condicionante de respaldo a las imposiciones.
19. Control casi absoluto de los medios de comunicación y censura a la libertad de expresión, con abundante desvío de recursos públicos.
20. Manejo de Telemax y Radio Sonora, como medios de autopromoción y confrontación social.
21. Respaldo selectivo en publicidad a los medios de comunicación incondicionales.
22. Permanente desprecio para las organizaciones ciudadanas independientes que solicitan plantear directamente su problemática.